El 21 de marzo se celebra el Día Internacional para
o y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.
Si los siempre execrables sentimientos y actitudes racistas van acompañados de prácticas o incluso de violencia racistas, no solo crea enorme sufrimientos en quienes los padecen, sino que es la sociedad en su conjunto la que se envilece y se denigra.
Lamentablemente, desde
Buena parte de la responsabilidad en esta situación tenemos que achacarla a lo que ya es frecuente denominar “racismo institucional”. Se trata de una discriminación hacia las personas migrantes o simplemente de otra raza, de carácter sistemático y estructural. Se trata de todo un conjunto normativo y legislativo que limita los derechos de las personas según su lugar de nacimiento. Que convierten a una parte de nuestra sociedad en personas de segunda categoría, con menos derechos que la mayoría.
Pero se trata también de otro tipo de actuaciones institucionales muchas veces no reguladas, que atentan contra los derechos y la dignidad de las personas y las discriminan.
Queremos manifestar, por ejemplo, nuestra preocupación por la proliferación de “ordenanzas” municipales, que limitan el uso del espacio público con la excusa de la convivencia y que son utilizados para la persecución de quienes lo usan (vendedores ambulantes, top manta, personas que ejercen la prostitución, mendigos…etc…).
Señalar también las redadas de inmigrantes y las identificaciones policiales de personas que simplemente tienen caracteres faciales diferentes. Una práctica condenada por
Racismo institucional y social se retroalimentan puesto que el primero legitima y abriga al segundo y éste alimenta y justifica el primero. Existe un binomio entre el racismo perpetrado desde las estructuras institucionales a través de leyes, discursos y otras iniciativas políticas y el crecimiento de los sentimientos y actitudes racistas en la sociedad.
La crisis no ha venido sino a convertirse en un propicio caldo de cultivo para todo tipo de discursos discriminatorios y xenófobos hacia la población inmigrante. Lamentablemente la mirada de muchas personas se dirige hacia nuestros nuevos vecinos como presuntos responsables de la situación que vivimos. La frustración, la angustia ante un futuro cada vez más incierto, la pagamos con los más débiles, y la competencia por el acceso al trabajo y a los servicios básicos se ha recrudecido.
Pese a que la mayor parte de los extranjeros que residen en nuestro país tienen ya un largo período de residencia en España, y por tanto más que inmigrantes deben ser considerados por todos como ciudadanos,se les siguen recortando derechos, entre ellos, por ejemplo, el del derecho al voto.
En este contexto insistimos: Una sociedad no puede ser integradora e inclusiva sin el reconocimiento efectivo de derechos, y en este punto, el balance es negativo: se aprecia un claro retroceso en el acceso a los derechos más básicos para la población inmigrante: en el acceso a la vivienda, la sanidad, la vida en familia o las prestaciones sociales.
La crisis y las medidas que se han aplicado utilizándola como excusa, han significado un retroceso en la integración de nuestra población inmigrante. En primer lugar por el incremento de las pérdidas de permiso de residencia, lo que se denomina irregularidad sobrevenida.
El acceso a la salud es también un claro ejemplo de este retroceso. La discriminación en general y en el acceso a los servicios sanitarios en particular es objetiva y subjetiva. Y ello se ha incrementado tras la entrada en vigor el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril en el que, junto a otras medidas, se retira el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes que residan en España de manera irregular.
Los recortes educativos también han afectado de manera sensible a la población inmigrante. Especialmente por la eliminación de recursos de apoyo a hijos de familias inmigrantes, con la previsible consecuencia de la disminución del rendimiento y el fracaso escolar.
Desde
Y ante la sociedad
La sociedad debe saber que quienes de verdad nos arruinan no son las personas que vienen en una patera. Los responsables de esta crisis y los que nos están hundiendo en ella aún más, viajan en yates y se sientan en cómodos despachos de las altas finanzas, de la corrupción, de los bancos o de la política.
Es imprescindible la consideración de los inmigrantes, o de las personas gitanas por ejemplo, como parte de nuestra sociedad a todos los efectos, con todas las obligaciones, pero también con todos los derechos. La desigualdad social y jurídica, y más en tiempos de crisis, genera fracturas sociales y fenómenos racistas.
No será posible avanzar en este sentido desde el abismo entre las intenciones declaradas y las políticas o el discurso con tintes racistas que no pocas veces se practica desde el gobierno y otras administraciones, o determinados partidos políticos.
En suma, sin
la igualdad y el reconocimiento pleno de los derechos de ciudadanía (civiles y
políticos, sociales, económicos y culturales) a todas las personas de nuestra
sociedad sin discriminación por razón de etnia, raza u origen nacional no hay
integración y es imposible cercar al racismo y construir una convivencia en paz.
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